AFECTADAS PRÓTESIS PIP, ¿QUÉ HACER?

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Se calcula que 300.000 mujeres en todo el mundo podrían llevarlas, entre 8.000 y 12.000 en España. Muchas sufren infecciones graves, dolor, quemazón, inflamación de los ganglios linfáticos, irritación, caída de pelo y mala cicatrización. La fiscalía de Murcia ya ha admitido a trámite la primera demanda penal de una afectada, contra la clínica, el médico, la distribuidora de los implantes y el Estado. Y el resto se plantea seguir los mismos pasos. ¿Qué hacer con las prótesis? ¿A quién acudir? y ¿A quién pedir responsabilidades?



¿Conviene quitárselas?
En enero de 2012 tanto el Sistema Nacional de Salud (SNS) como la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora (SECPRE) seguían sin encontrar “un nexo que vincule las prótesis PIP con el desarrollo de tumores”. Según el presidente de la SECPRE, Jaume Masià: “No son implantes que pongan en riesgo la vida ni la salud, no provocan cáncer, únicamente cuando se rompen provocan una mayor respuesta inflamatoria”. Y por esto, el SNS solo realiza la explantación de los implantes cuando existe “rotura o síntomas mamarios que así lo aconsejen”. Para Jaume Masià habría que retirarlos todos: “los rotos y los demás, estos últimos con carácter preventivo, sin prisa, pero sin pausa”. “Es de sentido común cambiar algo si no está bien”, añade Jaume Serra, el primer cirujano en dar la voz de alarma en nuestro país, hace dos años. Y que, además, recomienda aplicar el protocolo de la FDA -el equivalente a la Agencia Española del Medicamente en EE UU- para descartar linfoma de células gigantes. “Cuando las prótesis están rotas, hay líquido inflamatorio periprotésico muy abundante, cápsula fibrosa muy densa, adenopatías o ganglios axilares se debe sacar muestra del líquido, mediante biopsia, y llevarlo a Anatomía Patológica para descartar un linfoma de células gigantes. En cuatro días están los resultados y tiene un coste para la paciente de 400 €”, explica.

¿A quién acudir?
El SNS corre con los gastos si la cirugía original fue realizada por el sistema público, tras una mastectomía –cirugía reparadora, no estética-. Aunque, “apoya la extracción si, una vez hecha la consulta al cirujano, la paciente sigue preocupada y ambos consideran que lo mejor es realizar la intervención”. Y baraja la posibilidad de establecer una unidad de mama en Hospitales de referencia de cada CCAA -Comunidad Autónoma-, donde puedan acudir las portadoras de PIP para su valoración. Eso sí, únicamente “en aquellos casos en los que no sea posible acudir a la clínica privada donde fueron implantados”. Y es que muchas de las portadoras de estas prótesis no saben ni quién las operó. De la red de 1.000 cirujanos de la SECPRE, unos 100 implantaron estas prótesis. “El resto han sido colocados por un sector de médicos que no son cirujanos plásticos, no tienen el título homologado en nuestro país y/o en empresas de cirugía estética que, por su forma de trabajar, pueden favorecer que las pacientes desconozcan a su cirujano”, asegura el Dr. Masià. Para estas mujeres la SECPRE (tel. 902 40 90 60) y la AECEP (Asociación Española de Cirugía Estética y Plástica) (tel. 915 75 50 35) ofrecen su red de cirujanos plásticos, de forma gratuita y desinteresada para ser correctamente valoradas –mediante mamografía, ecografía mamaria y axilar, y resonación magnética–. En caso de ser necesaria cirugía, los gastos de quirófano, anestesista y nuevas prótesis pueden suponer alrededor de 1.000 €. Todavía hay otra vía: la del cirujano valenciano Jaume Serra (tel. 616 23 83 81), que lleva retirando estas prótesis desde febrero de 2011 –ha intervenido a más de 40-. Cobra los costes de quirófano, anestesista y las nuevas prótesis. Y por sus honorarios adquiere un simbólico euro. Lo llama programa Filantropía.

¿A quién pedir responsabilidades?
La empresa se declaró en quiebra en abril de 2010 y su fundador, Jean –Claude Mas, está en busca y captura desde el día de Nochebuena, acusado de delitos “contra la salud y contra la vida”. ¿A quién reclamar entonces? La presidenta de afectadaspip@hotmail.es es tajante cuando dice: “todos los que se han lucrado con estas prótesis deberían hacerse cargo ahora de nuestra salud. Sanidad debe atendernos a todas sin excepción, porque todas somos víctimas. No nos hemos operado en un trastero. Que nos cedan los hospitales públicos y nos operen los cirujanos privados sin más gastos”, denuncia. Eva se ha gastado 12.000 € en cirugía y otros tantos en medicinas, y está en paro por las continuas bajas en el trabajo. Como ella, el resto de afectadas –se están poniendo de acuerdo a través de la página de facebook afectadasprotesispip- se plantean acciones legales: “Contra Sanidad por haber permitido que se comercializaran las prótesis en nuestro país y contra los cirujanos por no haber notificado las incidencias”, apunta Eva. Por su parte, el presidente de la SECPRE defiende a su colectivo: “nosotros estamos al lado de las pacientes, los cirujanos hemos sido tan engañados como ellas. Hay que pedir responsabilidades a la Administración que dio la certificación CE y la autorización para vender las prótesis PIP en España”.